El líder asesinado por las Farc y la sangrienta historia de los afros en Tumaco

El asesinato de Genaro García, con el que la guerrilla aceptó haber roto el cese al fuego unilateral, es el último en una cadena que viene desde 1993 y en la que también han estado involucrados los paramilitares y otros grupos armados.

24 de agosto de 2015

Los campesinos afrocolombianos del consejo comunitario del Alto Mira y Frontera están tratando de hacer realidad la Ley 70 de 1993 –conocida como la Ley de Comunidades Negras– desde hace más de 20 años en los alrededores de Tumaco (Nariño). Esa búsqueda de autonomía sobre su territorio les ha costado caro y ha causado, entre otras cosas, líderes asesinados, amenazas y desplazamientos causados por distintos grupos armados con intereses en la zona.

La última víctima fue Genaro García, representante legal del consejo comunitario y líder de las comunidades negras en la zona, quien fue asesinado el pasado 3 de agosto por hombres de las Farc luego haber sido citado para una reunión con campesinos.

Aunque en un principio habían negado la autoría del asesinato de García, a las Farc no les quedó más remedio que aceptar su responsabilidad en el hecho. Lo hicieron este lunes 24 de agosto desde La Habana, donde la delegación de paz de esa guerrilla leyó un comunicado diciendo que la investigación interna “conduce a la conclusión de que efectivamente unidades de la Columna Móvil Daniel Aldana se encuentran comprometidos en la comisión de tan condenable acto”.

Además de condenar el hecho y de decir que este tipo de actos “contradicen la política de las Farc”, la delegación de paz de la guerrilla se comprometió a “sancionar el hecho y a tomar las disposiciones y medidas correspondientes para evitar su repetición”.

El hecho es grave porque implica que la guerrilla acepta que rompió el cese unilateral al fuego que decretó desde el pasado 20 de julio. Y no lo hicieron atacando a unidades militares, sino asesinando a un líder de la sociedad civil.

Pero más allá de este hecho puntual, que podría (o no) tener repercusiones en La Habana, lo cierto es que los miembros del consejo comunitario del Alto Mira y Frontera han venido recibiendo presiones desde 1993 de los paramilitares, las guerrillas y algunas empresas que tienen cultivos de palma en la zona.  

Una historia llena de sangre

La historia del consejo la cuenta Maria Teresa Ronderos en su libro ‘Guerras recicladas’, en el cual hace un recuento de cómo se conformó y de cómo fueron asesinados algunos de sus líderes. La más importante fue la hermana Yolanda Cerón, una monja católica que desde que se promulgó la ley de comunidades negras intento convencer a los afrocolombianos que vivían en la zona de Tumaco de la importancia de organizarse y de hacer efectivos los instrumentos que les daba la constitución.

Lo hizo visitando casa por casa y vereda por vereda. Quienes han investigado su historia, dicen que estuvo en 60 veredas y habló con cerca de 9.000 habitantes. Su sueño se hizo realidad en febrero de 1997, cuando 500 personas le dieron vida al consejo comunitario del Alto Mira y Frontera.

Pero desde el inicio recibieron presiones de distintos tipos. Algunas empresas de palma, mineros ilegales, grupos de paramilitares y guerrilleros de las Farc y el Eln intentaron enfrentar o poner de su lado a las malas a los consejos que se estaban conformando en la zona. La idea de que las propias comunidades pudieran manejar sus territorios de forma autónoma no les gustaba a algunos y pronto la violencia se tomó la zona de Tumaco, que hasta entonces había sido un pacífico pueblo nariñense.

También influyó la llegada a la zona de cientos de campesinos cocaleros que venían de Caquetá y Putumayo, impulsados por las guerrillas, a sembrar coca en las tierras de los afrodescendientes. Esa combinación de actores fue un caldo explosivo para la guerra que arrancó en la zona y en la que las principales víctimas han sido los afro que buscan autonomía. 

El primer líder del consejo asesinado fue Francisco Hurtado en el año 2000. Luego fue la hermana Yolanda Cerón, a quien balearon el 19 de septiembre de 2001 cuando caminaba por el centro de Tumaco.  Luego cayeron José Arístides Rivera, Pablo Gutierrez, José Luciano Castillo, Felipe Landázuri, Armenio Cortés y Miller Angulo, a quien mataron en 2012.

Ni siquiera la desmovilización de los paramilitares en 2005 –quienes aceptaron la autoría del asesinato de la hermana Yolanda Cerón– paró la violencia en la zona. Algunos de los desmovilizados se rearmaron en bandas criminales que aún siguen sembrando terror en la comunidad afro y en los distintos consejos comunitarios que se han conformado en la zona, y que aún hoy no tienen toda la autonomía que les promete la ley colombiana.

Una muerte cantada

En ese contexto, algunas de las comunidades aprendieron a convivir con los violentos. El mismo Genaro García había logrado que la comunidad de La Balsa, la vereda de Tumaco en la que vivía, fuera respetada por los ilegales. En marzo de 2014, García le contó a Reconciliación Colombia la historia de cómo a través de un manual de convivencia construido por ellos mismos, lograron que la guerrilla de las Farc respetara la autoridad de la Junta de Acción Comunal de la vereda.  

Pero la dicha no duró tanto. Genaro, quien desde el 2013 era el representante legal del consejo comunitario del Alto Mira y Frontera y desde el 2011 era un líder reconocido en la zona, siguió recibiendo amenazas de la guerrilla. Incluso su hermana Yerly Marciel fue asesinada por hombres de las Farc en agosto de 2012.

En la zona cuentan que los guerrilleros le habían dicho a Genaro que quedaba destituido como representante del consejo, pero que él siguió ejerciendo porque no reconocía la autoridad de la guerrilla, sino de la comunidad.  Finalmente fue asesinado el pasado 3 de agosto, luego de ser citado a una reunión con campesinos de la región.

Su asesinato, que se suma a la historia sangrienta de los consejos comunitarios de los afros en el Pacífico, no sólo demuestra que tan alejado está el Estado de algunas zonas del país, que son manejadas por grupos armados ilegales, sino que también es una prueba de lo difícil que va a ser construir paz en esas regiones.

Por otro lado, enfrenta a la guerrilla de las Farc a una realidad compleja. Sus hombres en algunas zonas han manejado la relación con las personas de las comunidades que no les hacen caso a punta de amenazas y asesinatos, pero desde ahora, que se vislumbra el desarme y la desmovilización de sus filas, esa dinámica tiene que cambiar. El secretariado tendrá que tomar medidas para castigar a sus hombres y para evitar que hechos similares se repitan en el resto del país.

El Estado también tendrá que tomar cartas en el asunto. El asesinato de Genaro ha conseguido colarse en las notas de los principales medios de comunicación debido al momento actual del proceso de paz, pero desde hace dos décadas los afrodescendientes de la zona que han intentado hacer realidad la autonomía que promete la ley, han sido asesinados o amenazados. Un país que pregona la paz territorial no puede permitir que eso suceda ante el silencio total del centro en donde se maneja el poder.