Corte Constitucional evalúa avances en atención a víctimas del conflicto

La Unidad para las Víctimas solicitó al alto tribunal que levante parcialmente el estado de cosas inconstitucional que declaró respecto del desplazamiento en el país desde el 2004.

Septiembre 15 de 2015
Foto: Unidad para las Víctimas


“Luego de más de una década desde la declaración del Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, se puede afirmar que el país y la política gubernamental muestran una situación diferente. Las condiciones que dieron lugar a la declaración de dicho estado han mejorado notoria y progresivamente. La realidad de la población desplazada en el país se ha transformado gracias a los avances institucionales y normativos”, afirmó Paula Gaviria, Directora de la Unidad, en la audiencia realizada por la Corte Constitucional.

Según Gaviria, el Gobierno ha avanzado en el cumplimiento de lo ordenado por la Corte y tiene una “férrea voluntad política” de seguir adelante, a través de la coordinación de todas las instituciones a favor de las víctimas.
 
La Directora de la Unidad destacó logros como la realización de la Encuesta de Goce Efectivo de Derechos por parte de la Unidad y el DANE, que permite “conocer mejor a las víctimas y responderles mejor”, una mayor capacidad institucional, un esfuerzo presupuestal importante, el fortalecimiento de la coordinación entre Nación y el perfeccionamiento de los sistemas de registro e información.
 
Por su parte, la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría coincidieron en que aún no es oportuno levantar la declaratoria de Estado de Cosas Inconstitucional por parte de la Corte.

El Contralor Édgardo Maya, señaló que los 54,9 billones de pesos que se destinaron para la atención de las víctimas no serán suficientes porque el número de víctimas registradas es mucho mayor que el previsto.

Aseguró que se necesitarán por lo menos 126 billones de pesos antes de 2021.

“Es irresponsable comprometer recursos con los que no cuenta el país para ofrecer una reparación con los que difícilmente podrá hacerse efectiva en los próximos 10 o 20 años”, señaló.

El Procurador General, Alejandro Ordoñez, resaltó por su parte que siguen existiendo problemas de coordinación entre los diferentes niveles del Gobierno en materia de atención a víctimas y que si bien se ha avanzado en materia de educación, la tasa de analfabetismo sigue siendo mayor entre los desplazados que en el resto de la población.