Las críticas contra el acuerdo sobre el tema de justicia alcanzado en La Habana

Tanto el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, como el ex presidente Álvaro Uribe, manifestaron su rechazo a varios puntos de lo anunciado.

Septiembre 24 de 2015
Foto: Archivo Semana.


El principal punto de las críticas es que, de acuerdo con lo anunciado ayer, los miembros de las Farc responsables de crímenes de lesa humanidad no pagarían cárcel sino restricciones a sus libertades, que aún no se han definido.

Estos son algunos de los puntos objeto de críticas:

1. No hay cárcel para responsables de crímenes de lesa humanidad que confiesen.

“Omitir la pena de prisión para los máximos responsables de la comisión de los más execrables crímenes contra la humanidad, así estos reconozcan su realización, tendría la consecuencia de convertir el Acuerdo en un Acuerdo de impunidad, insostenible jurídica y políticamente”, afirmó la Procuraduría en un comunicado.

“Que el guerrillero raso no sea llevado a la cárcel es aceptable, pero concederle esta indulgencia al cabecilla, responsable de atrocidades, es mal ejemplo promotor de nuevas violencias, es quitarle a la justicia restaurativa la compañía de la disuasión del criminal, con lo cual se priva a las víctimas de la mayor reparación: el derecho a la no repetición de la violencia”, escribió por su parte el ex presidente Uribe.

La Procuraduría agrega a su crítica que la expresión “restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales” es demasiado ambigua, porque puede limitarse a la prohibición de salir del país o a la obligación de hacer trabajo comunitario, lo cual no cumpliría con los estándares internacionales.

2. Incluir en el sistema de justicia transicional a militares y policías.

De acuerdo con el ex presidente Uribe, extender el Tribunal Especial para la Paz a otros actores armados distintos a las Farc, iguala a las Fuerzas Armadas y a la sociedad civil con el terrorismo.

“El Gobierno ha aceptado aplicar idénticos mecanismos de justicia a terroristas y a las Fuerzas Armadas, que han sido respetuosas de la democracia y no sustentadoras de dictaduras como en otros países”, afirma Uribe. Y agrega: “Cualquier ciudadano queda expuesto al riesgo de tener que aceptar un delito que no cometió como condición para no ser condenado a la cárcel”.

La Procuraduría, por su parte, señala que con el acuerdo se sometió la suerte jurídica de militares y policías investigados al dictamen de las Farc. Además, advierte, que a pesar de que se habla de simetría no la hay porque los miembros de la fuerza pública no pueden cometer el delito de rebelión y por ende no pueden ser amnistiados o indultados.

3. Se habla de dejación y no de entrega de armas.

Dice la Procuraduría que “La implementación de la jurisdicción de paz debe estar sujeta al desmantelamiento de esa organización ilegal, lo cual incluye su desarme absoluto y la desmovilización total de sus integrantes de manera verificable, y el destino que tendrán dichas armas debe quedar claro como condición sine qua non para la concreción del acuerdo final. No es suficiente la simple “dejación de armas”.

Por su parte, el ex presidente Uribe manifiesta que “en lugar de exigir la entrega de armas, el Gobierno ha aceptado la palabra dejación, que equivale a que el terrorismo las mantenga y las use cuando quiera”.

4. Que se reconozca al narcotráfico como conexo con el delito político.

“El narcotráfico, como financiador del terrorismo, no ha sido delito político, al contrario, ha sido una atrocidad continuada, nunca indultable”, afirma el comunicado del ex presidente Uribe.