Desescalamiento provoca examen de situación de los presos de las Farc

Abogado español que participa de la subcomisión de juristas en La Habana, Enrique Santiago, explicó en qué consiste la propuesta a participantes en Bogotá de foro nacional de prisioneros políticos y diálogos de paz.

16 de octubre de 2015

Se trata de hacer una revisión juiciosa de cada nombre que quede registrado en las listas de personas recluidas en las cárceles o porque son guerrilleros o porque son líderes populares acusados de rebelión, pero que no aceptan haber pertenecido a las filas de las Farc.

Estas listas están siendo levantadas por las Farc, que tienen a sus guerrilleros organizados en los centros de reclusión colombianos, por comités civiles solidarios con los líderes sociales encarcelados –como por ejemplo el Comité de Presos Políticos-, y por líderes políticos que respaldan los diálogos de La Habana -como el senador Iván Cepeda, quien tiene a una persona de su equipo haciendo visitas a las cárceles para constatar la situación carcelaria-.

La idea es que haya un dato del censo carcelario del que se está hablando y de la situación humanitaria y jurídica que enfrentan las personas que hacen parte de los listados. Humanitaria porque muchas de las personas encarceladas están enfermas o en una frágil situación –dentro de la precaria realidad que de por sí registran la gran mayoría de personas en las cárceles colombianas-. Jurídica porque muchas de estas están en el limbo, o no han sido condenadas, o han sido sancionadas con pruebas débiles.

El referente para llevar este caso a la mesa de conversaciones de La Habana es la campaña fujimorista durante la cual un buen número de población que vivía en sitios donde fue perseguida militarmente el grupo Sendero Luminoso –muchas veces con abusos de los derechos humanos como a la postre se confirmó- fue encarcelada tras ser señalada de terrorista.

El caso peruano busca ser estudiado en Colombia, pues luego de la caída del régimen de Fujimori cientos de campesinos e indígenas recobraron la libertad, tras el estudio que realizó la Comisión de la Verdad del vecino país. La propuesta colombiana es que se cree una ‘Comisión de Revisión’, que no haría parte de la jurisdicción especial para la paz, sino que entraría incluso a operar antes de esta justicia especial.

Entrarían aquí muchos casos de líderes y lideresas populares –campesinos, indígenas, miembros de sindicatos, estudiantes y profesores-; las personas más débiles en la cadena de quienes participan de alguna actividad del narcotráfico, es decir los llamados ‘raspachines’; y también guerrilleros en cuyos casos no se les ha comprobado responsabilidad.

En la actividad de dos días que se desarrolló en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá las Farc, a través de su vocero ‘Marco León Calarcá’ y también del abogado español que hace parte de la comisión de juristas que acompaña a la Mesa en La Habana, Enrique Santiago, les dijeron a los participantes del foro que la idea es que sus hombres y mujeres encarcelados y estos otros presos referidos en esta nota comiencen a salir incluso antes de la firma del acuerdo final de paz (que tiene como fecha límite el 23 de marzo de 2015).

Facilitaría este proceso que esta excarcelación, que planteada así puede ser masiva, sea parte del desescalamiento del conflicto armado, en el que las Farc ya aportaron la declaración de tregua de manera indefinida.

Así, en La Habana se estaría discutiendo el acuerdo humanitario que permita hacer viable este anuncio de las Farc en el foro nacional de prisioneros políticos y diálogos de paz.