Acciones Reconciliadoras

Elecciones locales: el riesgo de que la plata del posconflicto quede en malas manos

Este 25 de octubre los colombianos elegirán a las personas que, muy seguramente, tendrán que liderar la implementación de los acuerdos de paz en las regiones. Analistas explican la importancia de las elecciones.

23 de octubre de 2015

Este domingo, como cada cuatro años, los colombianos acudirán a las urnas para elegir a las personas que a partir del 2016 van a regir los destinos de sus ciudades, municipios y departamentos.

Pero estas no son unas elecciones cualquiera; los nuevos mandatarios locales llegarán al poder en un momento clave, sobre todo para muchas de las regiones que han sufrido por culpa del conflicto armado.

El Gobierno y las Farc están decididos a firmar un acuerdo completo para terminar el conflicto antes de abril del 2016 y en los acuerdos parciales que hasta ahora se han hecho públicos, las regiones y los territorios son muy importantes. De hecho, el alto comisionado para la Paz siempre se refiere al periodo posterior a las conversaciones de La Habana  como ‘la paz territorial’.

Para Sergio Guarín, coordinador del área de posconflicto y construcción de paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) este hecho, sumado a la fuerte descentralización que tienen en el papel los acuerdos de La Habana, pone sobre los mandatarios locales elegidos el próximo 25 de octubre la responsabilidad, nada más y nada menos, que de ejecutar la paz.

“Eso los convierte en actores clave, porque según la literatura de los procesos de paz, si uno no ejecuta bien el acuerdo durante los primeros tres años, este fracasa”, dice.

Una realidad que se debe tener en cuenta especialmente en las regiones en donde las Farc han tenido una fuerte presencia histórica y en donde el posconflicto será más difícil. La Fundación Paz y Reconciliación dice que son al menos 281 municipios de los 1.102 que tiene Colombia.

En esos lugares, en donde en muchos casos la población vivió la violencia guerrillera y paramilitar, los nuevos gobernantes tendrán tareas concretas para aterrizar los acuerdos de La Habana.

“Tendrán que hacer los planes de desarrollo de los próximos cuatro años con los acuerdos a bordo”, dice Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación. “Además tendrán que construir centros de memoria histórica, verificar las zonas de reserva campesina, manejar los planes de seguridad, etcétera”, agrega.

Pero no sólo eso. Los puntos de desarrollo rural, solución al problema de las drogas ilícitas y participación en política, que ya se acordaron en La Habana, tienen varios puntos en los que los mandatarios locales van a ser los protagonistas.

Uno de los más importantes es el manejo de los espacios de participación ciudadana comunitaria, que serán lugares en donde cada comunidad decidirá cómo se llevarán a cabo varios de los programas acordados en la Mesa de Conversaciones.

“Los nuevos mandatarios locales tendrán que organizar estos espacios, definir quienes asisten y hacer que sean buenos, útiles y que lo que salga de ellos se haga realidad”, cuenta Guarín.

Otra de las responsabilidades más importantes de los nuevos alcaldes y gobernadores tiene que ver con conseguir ‘las victorias tempranas’ de los acuerdos de La Habana en sus territorios.

Según el investigador de la FIP, esto implica garantizar “obras, vías terciarias, infraestructura, entrega de tierras” y otras acciones que se darían durante los primeros meses de firmado el acuerdo y que sirven para ganarse la confianza de la población.

Un panorama gris

A pesar de la importancia de estas elecciones, Ariel Ávila es pesimista frente a los resultados. “La mayoría de los candidatos en las zonas más importantes para implementar la paz no tienen preparación y no son sensibles al posconflicto”, cuenta.

De hecho, según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, hay 152 candidatos en todo el país que tendrían vínculos con grupos ilegales.  Y, lo que es peor, varios de ellos están avalados por partidos tradicionales, muchos de los cuales apoyan el proceso de paz de La Habana.

“Lo que va a tocar es hacer mucha veeduría ciudadana y estar muy pendientes de lo que sucede en estos municipios una vez se estén implementando los acuerdos”, dice Ávila.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral (MOE), la organización que le hace seguimiento a las elecciones en todo el país, ve con preocupación la falta de transparencia en varios municipios con respecto a las elecciones del domingo.

Ellos han recibido denuncias sobre trashumancia –trasteo de votantes– en uno de cada dos municipios y calculan que en 203 lugares hay riesgo de manipulación electoral.

“La mayor parte de candidatos han sido avalados pensando más en el número de votos que le dan a un partido”, cuenta Fabián Hernandez del MOE. “De hecho, el Consejo Nacional Electoral ha anulado la inscripción de más de 1.000 candidatos. Eso dice mucho del perfil de los que se están presentando”.

Por otro lado, y a diferencia de hace cuatro años, la violencia ha sido menor durante este periodo electoral. Hasta el momento se han presentado 176 episodios como amenazas, atentados y homicidios contra candidatos.  Sin embargo, para la MOE la mayor parte de esas situaciones no han sido causadas por grupos armados ilegales, sino por lo que llaman “violencia estratégica política”.

Un sistema que garantice transparencia

Con todos estos elementos, el mayor riesgo a la hora de elegir los próximos alcaldes y gobernadores es que estos sean personas corruptas, que malgasten o se roben la plata y los recursos que se deberían utilizar para implementar la paz.

“Es posible que gracias a la cooperación internacional, las regalías y los fondos para implementar los acuerdos, un alcalde en un municipio priorizado para el posconflicto reciba cerca de 3.000 o 4.000 millones de pesos al año. En ese caso, los riesgos son enormes”, dice Sergio Guarín.

Para él, el mejor ejemplo de transparencia pensando en lo que debería ser el posconflicto lo dio el Fondo para la Reconstrucción y el Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec), que manejó los recursos para reconstruir Armenia y Pereira luego del terremoto de 1999.

“Hay que hacer una institucionalidad paralela y temporal, que tiene que ir empoderando a la institucionalidad local”,  explica.

Lo que más le preocupa al investigador de la FIP, sin embargo, es la polarización política que copó prácticamente toda la campaña electoral y no dejó que se diera un debate abierto, sobre los asuntos de fondo.

“Hay que salirnos de la discusión maniqueísta de que si no ganan las alcaldías los candidatos de la coalición de Gobierno, no se podrán implementar los acuerdos. La gente no debería mirar si está a favor o en contra de la paz, sino cómo son sus contenidos de campaña en temas como desarrollo rural, participación ciudadana o atención a las víctimas”, dijo.

La responsabilidad mayor recae sobre la ciudadanía. Nunca antes una elección, por lo  menos en las zonas más conflictivas del país, había sido tan importante. Las personas que salgan elegidas este 25 de octubre serán las responsables de hacer viable la paz.