Acciones Reconciliadoras

El proceso de La Habana se enreda nuevamente

Aunque muchos pensaban que el camino hacia la paz estaría libre de obstáculos después del apretón de manos entre el Presidente Santos y Timochenko, lo cierto es que las negociaciones pasan hoy por otro momento difícil.

9 de noviembre de 2015

El 23 de septiembre en la noche, luego del apretón de manos entre el Presidente Santos y Timochenko, casi todos los colombianos pensaron que la firma definitiva de la paz estaba a la vuelta de la esquina. Incluso las dos partes, impulsadas por la importancia del acontecimiento, le pusieron una fecha a la terminación del conflicto: 23 de marzo de 2016.

Pero después de la fiesta llegó el guayabo. Unos días después se supo que el acuerdo de justicia, que se anunció con bombos y platillos ese miércoles, aún no ha sido cerrado. Y mientras la subcomisión jurídica intenta cerrar definitivamente el documento, las partes empiezan a discutir otros temas en los que nuevamente existen posiciones distantes.

Lo peor es que los delegados de la guerrilla han dicho que hasta que ese documento no quede en firme, no empezará a correr el plazo de seis meses que Santos y Timochenko le dieron al proceso de paz. Por lo que, al parecer, la fecha del 23 de marzo tendrá que empezar a aplazarse.

El ambiente está tan enrarecido que las Farc incluso han denunciado que la presión militar contra sus frentes está amenazando el cese al fuego unilateral que declararon en julio y que, además de bajarle el nivel de dureza al conflicto, ha mejorado el ambiente hacia la negociación en el interior del país.

Lo más paradójico es que el problema se generó el mismo día del apretón de manos entre el Presidente y el máximo comandante de las Farc. En ese momento  la guerrilla consideraba lo acordado sobre justicia transicional un asunto cerrado, pero Humberto de la Calle, jefe de la delegación del Gobierno, puso al lado de su firma una aclaración: “Documento en desarrollo”.

Nuevamente la justicia

El Gobierno y las Farc llevaban un año y cuatro meses negociando el tema de víctimas en La Habana. Mientras que los acuerdos en desarrollo agrario, participación política y solución al problema de las drogas ilícitas se evacuaron en seis meses, este tema –que incluye la justicia transicional– se convirtió en el nudo gordiano de la Mesa de Conversaciones.

La solución al atasco llegó cuando las partes crearon una subcomisión jurídica conformada por prestigiosos abogados como Manuel José Cepeda, Juan Carlos Henao, Alvaro Leyva y Enrique Santiago. Eran tres asesores de las Farc y tres del Gobierno que se sentaron a redactar un documento de 75 puntos que creó la Jurisdicción Especial para la Paz  y que llevó al apretón de manos entre Santos y Timochenko.

Pero el diablo está en los detalles. Las interpretaciones tan disimiles que ambas delegaciones le dieron al documento al día siguiente generaron confusión en el país y le dieron municiones a los contradictores del proceso de La Habana.  

Luego se supo que lo que se había dado a conocer no era el documento completo, sino un comunicado de 10 puntos con los términos generales del acuerdo. Según Humberto de la Calle, la delegación del Gobierno siempre sostuvo que al documento de 75 puntos le hacían falta precisiones y aclaraciones, por lo que se redactó esa versión más pequeña y por lo que junto a su firma puso que era un documento en desarrollo.

Ese gesto no les gustó para nada a las Farc. Según sus delegados, el documento grande ya era el definitivo y el Gobierno se estaba echando para atrás. Como resultado, la opinión pública quedó con la sensación de que hubo afán y de que no se está revisando bien lo que se acuerda con la guerrilla.

La Mesa de Conversaciones también quedó herida. Desde entonces el ambiente se enrareció y aunque el equipo de abogados se reúne actualmente para tratar de encontrarle una salida al desencuentro, aún no lo han logrado.

Y es que los temas que toca aclarar  no son cualquier cosa. Hace falta definir el mecanismo para elegir a los magistrados del Tribunal de Paz y precisar las condiciones para no extraditar a los miembros de las Farc.

Además hay desacuerdos en algunos puntos: las Farc creen que el secuestro extorsivo debe ser amnistiado como conexo al delito político, mientras que el Gobierno piensa que no. Por otro lado, para los delegados del Gobierno el tratamiento a los agentes del Estado no puede ser discutido en la Mesa, sino en Colombia por las autoridades competentes.

Y finalmente, hay interpretaciones de uno de los abogados de las Farc sobre las características de la restricción a la libertad que tendrán quienes confiesen delitos de lesa humanidad que los delegados del Gobierno consideran inaceptables porque no cumplen los estándares internacionales.

Los nuevos desacuerdos

Mientras los abogados tratan de desenredar el acuerdo de justicia transicional, las partes discuten otros dos temas espinosos: las condiciones para un cese bilateral definitivo y el mecanismo para refrendar e implementar los acuerdos.

En el primer caso hay una subcomisión –que por el lado del Gobierno está liderada por el general Javier Flórez y por el de las Farc por ‘Romaña’– que discute cómo funcionaría en la práctica el cese bilateral y definitivo, y que tiene la asesoría de representantes de las Naciones Unidas y de Unasur.

Sin embargo, en los últimos días el tema saltó a la agenda pública. El Presidente Santos les propuso a las Farc que trabajaran para que el cese bilateral iniciara en enero de 2016 y los delegados de la guerrilla le respondieron que podría ser incluso el 16 de diciembre.

Pero en la práctica aún hay desacuerdos que impiden hacerlo posible. Mientras el Gobierno pide que la guerrilla se concentre en algunas zonas y que las Naciones Unidas hagan la verificación, las Farc piden “entrar ya, sin condiciones que solo suscitan desconfianza, en una tregua bilateral previa, como paso gradual al Cese de fuegos bilateral y definitivo”.

Mientras tanto, los delegados de la guerrilla siguen denunciando supuestos ataques de la Fuerza Pública que “ponen en peligro” el cese unilateral que mantienen desde el 20 de julio.

El segundo caso es aún más enredado. Desde el inicio del proceso, el Gobierno se la había jugado por un referendo para refrendar los acuerdos con la ciudadanía, mientras que las Farc insistían en una Asamblea Nacional Constituyente.

La posición del Gobierno cambió al ver las complicaciones que podría traer un referendo y hoy hablan de un plebiscito sin condiciones de umbral, en el que los colombianos simplemente voten sí o no a los acuerdos en conjunto. Esa votación sería complementada con un minicongresito, conformado por las comisiones primeras de Cámara y Senado, que se encargaría de volver ley los acuerdos aprobados por la ciudadanía.

Una iniciativa en ese sentido ya recorre la ruta para convertirse en ley en el Congreso de la República. Algo que no les gusta a las Farc porque lo califican como una iniciativa unilateral del Gobierno.

La guerrilla, por su parte,  sigue insistiendo en una Asamblea Nacional Constituyente en la que se discutan los alcances de lo acordado y los temas que han quedado pendientes o como ‘salvedades’ de los acuerdos. Ni siquiera la visita de un grupo de congresistas pudo convencerlas de lo contrario.

Lo cierto es que aunque el apretón de manos entre Santos y Timochenko significó un gran paso en el camino hacia terminar el conflicto de más de 50 años, los temas que hacen falta acordar aún son muchos y las diferencias significativas.

Los negociadores necesitan hacer gala de la inventiva y la constancia que han usado para sacar adelante al proceso de momentos aún más críticos si no quieren que el enredo actual ponga a la Mesa de Conversaciones de La Habana nuevamente en una posición de riesgo.