Acciones Reconciliadoras

El último impulso: así arranca el proceso de paz en el 2016

Con gran parte de la agenda evacuada, al Gobierno y las Farc sólo les hace falta definir los detalles del cese al fuego bilateral, la dejación de armas y el mecanismo de refrendación. ¿Alcanzarán a lograrlo antes de marzo?

Enero de 2016 

El proceso de paz fue el gran protagonista del 2015 en Colombia, pues luego de un año lleno de altibajos, el Gobierno y las Farc lograron cerrar el acuerdo más importante hasta ahora: el punto de víctimas que incluye verdad, justicia, reparación y no repetición.

Una vez superado el tema, que se había convertido en el nudo gordiano de la negociación, la firma de un acuerdo final parece irreversible y la fecha del 23 de marzo –propuesta como límite por el Presidente Juan Manuel Santos y ‘Timochenko’– se ve probable.

Pero la verdad es que aún hace falta mucho para cantar victoria. La Mesa de Conversaciones tiene por delante temas complejos en los que las posiciones del Gobierno y las Farc son distantes, y en los que lograr acuerdos no va a ser tan fácil como parece.

Los negociadores tendrán que usar toda su paciencia y creatividad para cumplir las fechas pactadas, pues lo que hace falta no es de poca monta: definir los detalles para hacer viable el cese al fuego bilateral y definitivo, la metodología para la entrega (o dejación) de las armas y el mecanismo para que los colombianos refrenden los acuerdos.

De hecho, anticipando lo que se viene, Jesus Santrich, uno de los delegados de las Farc en La Habana, ya dijo en una entrevista con Noticias UNO que es probable que no se cumpla la fecha del 23 marzo.

Lo que ya se logró

Lo cierto es que este proceso de paz ha avanzado como ningún otro en la historia de las conversaciones entre el Gobierno colombiano y las Farc.

Las partes han logrado acuerdos en cuatro de los seis puntos que contempla la agenda: desarrollo agrario integral, participación política, drogas ilícitas y víctimas.

Al mismo tiempo han logrado varios acuerdos de desescalamiento que, al margen de la agenda oficial, tienen el objetivo de reducir el nivel de confrontación en el país y preparar el camino para  un eventual posconflicto en los territorios más afectados por la violencia.

Los principales son el acuerdo de desminado humanitario y el de búsqueda de personas desaparecidas en medio del conflicto armado. Gracias al primero ya se está desarrollando un piloto en la vereda El Orejón de Briceño (Antioquia) y por el segundo ya les entregaron los primeros restos a un grupo de familias de Meta y Guaviare.

Adicionalmente, el Gobierno y las Farc han logrado ambientar el cese al fuego bilateral que se espera para el primer semestre de este año. La guerrilla con el cese unilateral que mantiene desde el 20 de julio y la Fuerza Pública debido a que dejó de bombardear campamentos insurgentes por orden del Presidente.

Ese ambiente de paz se logró luego de vivir uno de los periodos más duros de la negociación. Una crisis que comenzó con el asesinato de 11 militares en Buenos Aires (Cauca), que  amenazó con hacer abortar el proceso y que recordó fracasos anteriores.

Pero paradójicamente ese evento terminó por fortalecer la negociación, pues del impulso de las partes por superar el impasse salieron los acuerdos de desescalamiento y el ambiente que permitió superar el punto de víctimas.

Cómo, cuándo y dónde parar la guerra

Según la agenda con la que arrancó la Mesa de Conversaciones en el 2012, al Gobierno y a las Farc les hace falta lograr acuerdos en dos puntos: ‘fin del conflicto’ e ‘implementación, verificación y refrendación’. 

El primero incluye el cese al fuego bilateral y definitivo, la dejación de las armas, la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil y las garantías de seguridad para los desmovilizados de las Farc.

Todos esos temas los estudia desde agosto de 2014 una subcomisión conformada por un grupo de militares activos liderado por el general Javier Flórez y un grupo de guerrilleros de alto rango del que hace parte alias ‘Romaña’.

En septiembre de 2015 se les unieron Jean Arnault, delegado de las Naciones Unidas, y José Bayardi, excanciller de Uruguay, país que actualmente ejerce la presidencia de Unasur.

En paralelo el propio Presidente Santos ha adelantado gestiones con los gobiernos de los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU para que ese organismo acepte realizar las labores de verificación del eventual cese, que incluiría la dejación de las armas por parte de los guerrilleros de las Farc.

Sin embargo, las partes aún no se ponen de acuerdo sobre cómo funcionarían las zonas de concentración en las que los guerrilleros de las Farc cumplirían el cese y dejarían sus armas.

Los guerrilleros han publicado varias propuestas en las que hablan de zonas especiales para la paz (Terrepaz) en sus “zonas de influencia histórica”, que funcionarían “con regulaciones específicas sobre la organización política, económica, social, ambiental y de seguridad integral, participativa, autogestionaria y comunitaria”.

Incluso han afirmado que estos lugares estarían desmilitarizados y contarían con la presencia de población civil.

El Gobierno no está de acuerdo y la respuesta del general (r) Jorge Enrique Mora Rangel fue clara: “No estamos en este proceso para dividir el país, ni para hacer entrega de territorios ingobernables”.

Al parecer, la delegación oficial piensa que debería haber sólo entre 7 y 10 zonas de concentración con escaza (casi nula) presencia de la población civil.

El nudo de la refrendación

Pero ni siquiera con un acuerdo sobre el fin del conflicto el proceso estaría del otro lado. Aún haría falta definir los mecanismos para refrendar e implementar lo acordado y las partes cada día se alejan más entre un plebiscito y una asamblea constituyente.

El Gobierno se la jugó por una fórmula que combina un plebiscito liviano –que sólo necesita 4,4 millones de votos por alguna de las opciones– para que los colombianos aprueben o rechacen los acuerdos y un ‘mini-congresito’ que, en caso afirmativo, los convertiría en ley.

El Congreso de la República ya aprobó un proyecto de ley en ese sentido y hace falta que la Corte Constitucional lo revise y defina si una opción con esas características cumple con la Constitución o no.

Pero mientras el aparato estatal se la juega por reglamentar esta opción, las Farc siguen hablando de una Asamblea Nacional Constituyente y rechazan el plebiscito por ser una iniciativa unilateral del Gobierno.

“Debe ser el pueblo, desplegando todas sus potencialidades, quien otorgue seguridad jurídica al tratado de paz duradero y no ocurra que gobiernos sucesivos se aventuren en borrar con el codo lo que se construya con sacrificio y abnegación”, dijo ‘Ivan Marquez’ a mediados de noviembre.

El problema es que el Gobierno tiene prácticamente vetada una asamblea constituyente porque considera que es un mecanismo en el que se podrían reescribir los acuerdos y sería como “empezar de nuevo” el camino hacia la paz.

Para cumplir la fecha que el Presidente y ‘Timochenko’ definieron en septiembre, el Gobierno y las Farc tendrían que superar todos estos desacuerdos en tres meses, algo que a simple vista parece difícil de lograr. ¿Alcanzará el impulso para pasar la recta final?