Acciones Reconciliadoras

Guía para entender la justicia transicional que operará una vez se firme la paz

Este sistema, creado como parte del acuerdo sobre víctimas entre Gobierno y Farc, se encargará de juzgar a todas las personas que hayan cometido crímenes relacionados con el conflicto armado. Así operará.
 
Enero de 2016
 
Unos meses después de que se firme el acuerdo final entre el Gobierno y Farc, empezará a operar un sistema de justicia transicional que investigará y sancionará los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.
 
Estará compuesto por 20 magistrados colombianos y 4 extranjeros y un grupo de funcionarios especializados, que estarán distribuidos en tres salas, una Unidad de Investigación y Acusación y el Tribunal para la Paz.
 
Este sistema deberá pronunciarse sobre la situación de guerrilleros que tengan derecho a ser amnistiados e indultados, de los que sean responsables de crímenes de lesa humanidad, de los militares procesados por delitos relacionados con el conflicto armado, y de los civiles que, de manera voluntaria, hayan colaborado con grupos al margen de la ley, entre muchos otros casos.
 
Estas son algunas de las pautas con las que operará este sistema de justicia.
 
¿Quiénes estarán sometidos a esta jurisdicción?
 
Todas las personas que hayan cometido crímenes relacionados con el conflicto.
 
Aunque tendrán un tratamiento diferenciado, pero equitativo y equilibrado, esto incluye tanto a guerrilleros de las Farc, como a agentes del Estado y civiles que hayan colaborado de manera voluntaria con grupos al margen de la ley.
 
¿Qué guerrilleros pueden ser amnistiados o indultados?
 
La amnistía o indulto solo se puede otorgar por el delito de rebelión u otros delitos políticos y conexos.
 
Una norma que se expedirá posteriormente deberá definir cuáles son esos delitos, pero el Derecho Internacional Humanitario y el acuerdo entre Gobierno y Farc excluyen de esta categoría los delitos de lesa humanidad,  el genocidio, los crímenes de guerra, la toma de rehenes, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la desaparición forzada, la violencia sexual y el reclutamiento de menores, entre otros.
 
Tampoco serán amnistiables delitos comunes que no tengan relación con la rebelión como el narcotráfico u otro tipo de conductas que estén destinadas al lucro personal y no a la financiación del grupo guerrillero.
 
Las amnistías o indultos serán estudiadas por una Sala especial y además de estos requisitos, será necesaria para su aplicación que el grupo armado ilegal haya terminado las hostilidades contra el Estado y ya no tendrá la condición de rebelde.
 
¿Qué guerrilleros se pueden beneficiar de la jurisdicción especial para la paz?
 
Afirma el acuerdo entre el Gobierno y las Farc celebrado en La Habana, que quien se someta a la jurisdicción especial para la paz,  “es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición”.
 
El mismo acuerdo explica que la verdad plena significa relatar de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias en las que se cometieron, así como información necesaria para atribuir responsabilidad.
 
Es decir, no basta con reconocer el hecho, sino que debe haber una descripción suficiente para que la justicia pueda aclarar el hecho.  Si la justicia, posteriormente, descubre que la verdad aportada por la persona no fue plena, podría perder sus beneficios.
 
La encargada de definir si hay lugar a estos beneficios será la Sala de reconocimiento de verdad, responsabilidad y determinación de hechos y conductas, que recibirá informes de la Fiscalía, de otras entidades, de organizaciones sociales y de justicia y paz, entre otros, para confirmar si los procesados entregaron toda la información requerida y si por ende pueden ser objeto de beneficios.
 
¿Qué sanciones puede imponer la jurisdicción especial para la paz?
 
Quienes reconozcan la verdad y su responsabilidad, deberán cumplir penas retributivas y restricción de sus libertades de 5 a 8 años.
 
Estas penas retributivas pueden incluir, entre otras actividades, la ejecución de programas de reparación para campesinos desplazados, la participación en programas de protección del medio ambientes, programas de construcción o reparación de infraestructura, desminado humanitario, entre otras actividades.
 
La  restricción de la libertad deberá estar relacionada directamente con la sanción retributiva que se esté llevando a cabo y estará sometida a monitoreo y a un régimen de seguridad y vigilancia, para garantizar que se cumpla la pena, así como la integridad de los sancionados.
 
Quienes no entreguen verdad plena o no reconozcan su responsabilidad, tendrán una pena de privación efectiva de la libertad (esta sí cárcel), de entre 15 a 20 años por las conductas más graves.
 
¿En qué casos los militares o agentes del Estado pueden someterse a la jurisdicción especial para la paz?
 
De manera similar a como ocurre con los miembros de las Farc, los agentes del Estado podrán someterse a la jurisdicción especial para la paz, para evitar someterse a investigación de la justicia ordinaria por crímenes relacionados con el conflicto armado.
 
 
El requisito para obtener estos beneficios es, tal como ocurre con los miembros de las Farc, contar la verdad plena y aceptar su responsabilidad.
 
Aunque el Gobierno no ha informado aún las sanciones que se impondrán, el Presidente aseguró que recibirán un tratamiento penal equitativo y que las penas que se les impongan no serán más gravosas que las que reciban los miembros de las Farc. Estas penas serán definidas en una norma que deberá ser expedida por el Estado y que no será discutida con las Farc.
 
Las sanciones impuestas a los miembros de la Fuerza Pública que impliquen privación de la libertad se cumplirán en establecimientos especiales, de acuerdo con el régimen carcelario previsto para los militares, y las de restricción de la libertad se harán efectivas en las modalidades que defina el Gobierno, con mecanismos idóneos de monitoreo, vigilancia y control.
 
Los miembros de la Fuerza Pública también se podrán someter a la jurisdicción especial para la paz a través de la revisión de los fallos que ya hayan sido emitidos en su contra por la justicia ordinaria.
 
Estos casos serán revisados por una sección especial del Tribunal para la Paz, a la luz del Derecho Internacional. Si esta sección determina que el agente del Estado, pese a estar condenado, puede ser objeto de los beneficios de la justicia transicional, puede absolverlo o reducir su pena.
 
Tanto en el caso de los militares, como en el de los guerrilleros, no se presumirá la responsabilidad por el rango o la jerarquía que la persona ocupa, sino por las conductas de las que haya sido directamente responsable. Es decir, para que un superior sea condenado se requiere que haya tenido conocimiento directo de una conducta delictiva.
 
¿Qué civiles serán investigados por la jurisdicción especial para la paz?
 
El acuerdo sobre justicia entre Gobierno y Farc establece que la jurisdicción especial para la paz se aplicará “a todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado”, incluso para quienes no hayan pertenecido a las organizaciones armadas en rebelión.
 
También serán sometidos a ellas quienes hayan financiado o colaborado con los grupos paramilitares, siempre y cuando esa conducta no haya sido resultado de coacción. Es decir, quienes hayan organizado estos grupos o los hayan financiado voluntariamente estos grupos podrán ser investigados por esta jurisdicción, pero no quienes les hayan pagado un secuestro o una extorsión.
 
Los civiles que hayan cometido delitos relacionados con el conflicto tendrán también un régimen especial, que será anunciado en las próximas semanas.