“LAS MUJERES NO SERÁN MÁS BOTÍN DE GUERRA”

Publicado 18-02-2016

Actualmente, la ley colombiana establece que las conductas de violencia sexual en el conflicto que no sean tipificadas prescribirán 20 años después de haberse cometido. La nueva ley quitaría esto.

Publicado en Semana.com, mayo 7 de 2014
Foto: Archivo Semana


La violencia sexual en el conflicto ha sido considerada el delito más impune y silencioso de la guerra en Colombia. Pero ahora una nueva ley hará que esta violación no prescriba para la justicia y pueda ser investigada en cualquier momento.
 
Uno de los impactos que tendrá esta nueva legislación es que al considerar la violencia sexual un crimen de lesa humanidad, los guerrilleros que lo hayan cometido no podrán beneficiarse en el proceso de justicia transicional, como es el marco para la paz.
 
Así mismo, los hechos cometidos por militares no pasarán por la justicia penal militar sino que serán competencia exclusiva de la justicia ordinaria. También se incluye a los paramilitares que, según la Unidad de Justicia y Paz, cometieron delitos sexuales en el 66 % del territorio nacional pero sólo unos cuantos han confesado el hecho. 
 
Pero el centro de la nueva ley son las víctimas. Hasta ahora, la violencia sexual en el conflicto se ha considerado uno de los delitos más silenciosos, pues las víctimas temen denunciarlo. Cuando toman valor y van a la Justicia, en muchas ocasiones las revictimizan al poner en duda las quejas y sugerir que es culpa de la víctima por haber incitado al victimario. Para terminar, de los pocos casos que ingresan al sistema judicial sólo unos cuantos obtienen sentencia. 
 
“La nueva ley creará una estructura jurídica para mirar cómo se deben recolectar las pruebas de violencia sexual y un comité de seguimiento para asegurarse que este tipo de delito esté siempre en la mira del Estado”, afirmó John Sudarsky, senador ponente del proyecto. 
 
Las pruebas de las que habla el congresista consisten en que ahora la víctima no tendrá que probar que hubo un exceso de fuerza, sino que ahora le corresponde al juez analizar las circunstancias en la que ocurrieron los hechos o la conducta en el marco de un grupo organizado. 
 
Otro de los reclamos constantes de las víctimas es que no se reconoce que este delito afecta la salud emocional y mental, aparte de la física. Sudarsky afirmó que esta ley incluirá la atención médica y las terapias sicosociales de manera prioritaria y gratuita, sin importar si hay o no denuncia penal. 
 
“Muchos actores de la violencia, como los paramilitares, la guerrilla, las bacrim y en algunos casos el Ejército, consideran que en medio de esta batalla las mujeres son parte del botín y pueden hacer de ellas lo que quieren. Pero ya no será así”, concluyó el senador. 
 
Las cifras inconclusas
 
El proyecto de ley ya se aprobó y sólo falta el proceso de conciliación en el que se revisará al detalle la nueva legislación. Aunque hay expectativa sobre cómo se aplicarán las sanciones del nuevo crimen de lesa humanidad, hasta ahora la realidad muestra un panorama bastante desolador. 
 
La primera encuesta de prevalencia sobre violencia sexual en el contexto del conflicto armado, hecha por Casa de la Mujer y Oxfam, reveló que entre el 2001 y el 2009, en promedio cada día 170 mujeres eran víctimas de este delito y concluyó que de casi medio millón de víctimas, más del 80 % nunca denunció. 
 
Esto se puede comprobar al contrastar las 489.687 víctimas de violencia sexual en el conflicto de las que habla dicho estudio con las 4.923 reportadas hasta el 1 de abril del 2014 por la Unidad para las Víctimas.
 
La situación es tan grave, que en el 2008, la Corte Constitucional emitió el auto 092, en el que reconoció que se trataba de un crimen tan sistemático y generalizado como invisible, y ordenó al Estado tomar medidas para revertir ese estado de cosas. Además, ordenó a la Fiscalía investigar 183 casos específicos de violencia sexual perpetrada por miembros de las Autodefensas. Pero para octubre del 2013 había tan sólo unas cuantas sentencias: la Fiscalía hablaba de 18, la Procuraduría de 11 y la mesa de seguimiento que se creó para ello afirmó que había únicamente tres sentencias. 
 
Por ello, el Congreso volverá ley el proyecto que pretende castigar con vehemencia a los victimarios y proteger continuamente a las víctimas de violencia sexual en el conflicto. 

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