DESAPARECIDOS: EL ESTADO EL GRAN RESPONSABLE

Publicado 18-02-2016

El Centro de Memoria Histórica ha puesto el dedo en la llaga sobre una de las grandes responsabilidades que arrastra el Estado colombiano en el conflicto armado: la desaparición forzosa.

Publicado en Revista Semana, 26 de mayo de 2014
Foto: Archivo Semana

 
Con cuatro libros recién publicados y exposiciones, conferencias, documentales y otras actividades en el marco de la Semana Internacional de los Detenidos-Desaparecidos, el grupo investigativo dirigido por Gonzalo Sánchez acaba de hacer otra contribución de fondo para explicar qué les pasó a Colombia y a los colombianos en el último medio siglo. Su más reciente informe explora a profundidad la desaparición forzosa, quizás el crimen más impune de todos los cometidos en el marco del conflicto armado y del cual la casi totalidad de los familiares de las víctimas nunca acaba de recuperarse.
 
Es un delito sin cadáver, sin pruebas y sin duelo. La familia sospecha que su ser querido ha sido asesinado, pero solo puede hacer el duelo en los escasos casos en los que las autoridades encuentran los restos, los identifican y los entregan. Como muestra el informe con un análisis de casos tipo, “incertidumbre, impotencia, tristeza, angustia” marcan la vida de los sobrevivientes.
 
Además de la rabia que produce la indolente respuesta de la que ha hecho gala el Estado durante décadas. Uno de los cuatro libros del informe se dedica a los impactos psicosociales de este crimen: la sola lista de cómo son afectados individuos, familias y comunidades ocupa casi tres páginas. Hay casos de madres y abuelas que murieron con la mesa puesta esperando un comensal que nunca regresó.
 
Es un delito cuya magnitud nadie conoce a ciencia cierta. La Fiscalía registra 21.900 casos entre 2005 y 2012, pero el Sirdec (cuyos datos se supone que incorporan los de la Fiscalía), tiene menos, 19.254, para un periodo mucho más largo, de 1970 a 2012.  El Centro de Memoria Histórica hizo un ejercicio (aún sin terminar) con las organizaciones de víctimas y consolidó 5.016 casos desde 1970.
 
La Unidad de Víctimas registra 14.000 víctimas directas. Repasando las cifras, el informe muestra que las fuentes no son comparables; que los registros estatales enfatizan casos a partir de 2000, cuando se incluyó la desaparición forzada como tipo penal, en tanto que los de las organizaciones de familiares son sobre hechos ocurrido antes; que es difícil establecer cosas básicas como el sexo, la ocupación o la edad de las víctimas.
 
Es un delito que, pese a que se ha cometido de manera sistemática en Colombia desde hace cerca de 40 años, solo figura en el Código Penal hace 14. Solo 30 años después de la primera desaparición, la de Omaira Montoya en 1977, comenzó a operar un registro único centralizado, el Sirdec (Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres de Medicina Legal). Apenas en 2010 la Fiscalía creó una unidad especializada. Y recién en 2012 se promulgó una ley que permite declarar a alguien desaparecido sin tener que esperar dos años a que no se confirme su muerte.
 
Lo más grave, como muestra el informe, es que se trata de un delito cometido principalmente por el Estado y sus agentes, en alianzas con paramilitares o narcotraficantes. Desde las desapariciones, torturas y ejecuciones al amparo del Estatuto de Seguridad en los años ochenta hasta los falsos positivos de fines de los años 2000, el papel del Estado y sus agentes en este crimen de lesa humanidad es notable. El informe analiza la evolución del delito en cuatro periodos y en cada uno de ellos es evidente la participación del Estado como perpetrador.
 
El Estado ha respondido a las víctimas con inmensa indolencia. La desaparición no es sino el comienzo. El informe sostiene que el circuito violento “continúa con la puesta en marcha de la búsqueda del ser querido y la denuncia, proceso en el que los familiares encuentran obstáculos mayúsculos por parte del aparato estatal para encontrar al familiar, obtener justicia y recibir atención especializada”. Por casi tres décadas, los familiares de los desaparecidos fueron los únicos que tocaron puertas ante una burocracia casi siempre sorda e indiferente.  
 
La impunidad que rodea este delito es escandalosa, aun para la medida colombiana. A ella, ha contribuido, según el informe, la “deficiente, irregular e inadecuada respuesta del Estado”, que también es responsable de que hoy sea imposible disponer de cifras ciertas de desaparición forzosa.
 
De los cerca de 28.000 procesos que lleva la Fiscalía por desaparición forzosa solo hay, en el mejor de los casos, 35 sentencias ejecutoriadas, según cifras remitidas a los investigadores. En Justicia y Paz se confesaron casi 3.500 casos de desaparición forzosa, y esto ha llevado a exhumar 4.000 fosas, con más de 5.000 cadáveres, y a entregar más de 2.000 restos a los familiares. Un avance que contrasta con que solo cinco de los casi 4.000 paramilitares postulados a Justicia y Paz han sido condenados por ese delito.
 
El informe concluye que no solo se hizo poco o nada entre 1970 y 2000 para enfrentar la desaparición forzosa, sino que la legislación y la institucionalidad que se han venido poniendo en pie desde ese último año “no garantizan de manera efectiva y oportuna” los derechos de las víctimas y que algunas medidas no han logrado el suficiente desarrollo por debilidad institucional, falta de recursos o de personal o porque “persiste una actitud que niega que la desaparición forzada ha sido y es una realidad en Colombia”.
 
Que este nuevo informe provenga de un organismo que forma parte de la institucionalidad de la Ley de Víctimas, interpela, de hecho, a las Farc en La Habana. Estas allá exigen a diario que se esclarezcan las causas del conflicto armado y no han hecho casi ningún gesto para contribuir ellas mismas a ese fin mientras,  pese a todo, el Estado con informes como este, no solo contribuye a fondo en esa dirección, sino que da pasos notables hacia reconocer la inmensa responsabilidad que le cabe en la victimización y la degradación de esta guerra interna de medio siglo. La salud del proceso de paz mejoraría notablemente si las Farc se decidieran a hacer lo propio.  

Desaparición 1970-2012
 
El informe describe cuatro periodos por los que ha pasado la desaparición forzosa y los casos que los encarnan. El Estado está presente, como perpetrador, de principio a fin.
 
1970-1982: Orígenes contrainsurgentes

Características: “Se produjo la exacerbación de la desaparición forzada y su impunidad, favorecida por múltiples incentivos negativos para su propagación”.

Aunque prevalecen las detenciones ilegales y la tortura, hay múltiples casos de desaparición forzada y ‘limpieza social’, ejecutados por agentes del Estado.

Caso emblemático: 1982. El denominado Caso Colectivo 82. Luego del secuestro y asesinato de sus tres hijos, un narcotraficante ‘contrata’ a miembros de la Policía y el Ejército que le entregan a 11 personas, entre ellas siete estudiantes universitarios, a los que tortura y desaparece.


1983-1993: Militares, empresarios y paramilitares
 
Características: “La ausencia absoluta de represión legal frente a la creciente práctica de la desaparición forzada trajo como consecuencia la asimilación al delito de secuestro simple y, en el peor de los casos, a la inhibición en las investigaciones y juzgamientos”.

Con la derogatoria del Estatuto de Seguridad, disminuyen la tortura y la detención ilegal y se multiplica la desaparición forzosa como “una estrategia para descargar de responsabilidad a los agentes estatales” diseñada por “empresarios, dirigentes políticos, altos mandos militares y terratenientes”.

Casos emblemáticos: 1985. Los 11 desaparecidos luego de la retoma militar del Palacio de Justicia.

1987. La masacre de 19 comerciantes que al parecer contrabandeaban mercancía y se negaron a pagar un ‘impuesto’ a paramilitares en una finca de Puerto Boyacá.

1988. Detención y desaparición de Olga Esther Bernal, activista política en Buenaventura.

1990. Desaparición de la familia Casamachín en medio de una operación militar, en La Uribe, Meta.

1994-2002: Guerra y control territorial

Características: “Las luchas a través de las medidas legislativas en contra del fenómeno paramilitar nunca fueron lo suficientemente contundentes para contener su expansión”.

Con la consolidación del paramilitarismo “como estructura y estrategia diseñada desde la Brigada XX (de inteligencia)”, la expansión de las Farc y la profundización de la guerra interna, se agudiza la desaparición forzada sobre la base de la estigmatización contra presuntos ‘colaboradores’ de la guerrilla.

Casos emblemáticos: 1998. Masacre paramilitar del 16 de mayo en Barrancabermeja, en la que fueron asesinadas seis personas y desaparecidas 25 más.

1998. Tortura y desaparición de 26 indígenas embera katíos y campesinos, militantes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista, en Murindó, Antioquia. Nueve eran mujeres. El caso se atribuye a militares de la brigada XVII, dirigida por el general Rito Alejo del Río, y paramilitares del bloque Élmer Cárdenas del Alemán.
 
2001. Desaparición de las cuatro hermanas Galárraga, entre los 13 y los 19 años de edad, señaladas por los paramilitares de ser ‘colaboradoras’ de la guerrilla en La Dorada, Putumayo.

2003-2012: Seguridad democrática
 
Características: “La desaparición forzada combina y recoge las trayectorias de los periodos anteriores de persecución a la oposición, control territorial y de recursos estratégicos”. 

En el marco de la desmovilización paramilitar y la ofensiva estatal que produce el retroceso de la guerrilla, se presentan los llamados ‘falsos positivos’.

Casos emblemáticos: 2002-2003. Chámeza y Recetor. Poblaciones de Casanare sometidas al régimen de terror de las autodefensas de Martín Llanos que llevó a la desaparición forzosa, la tortura y el desplazamiento de mucha gente.

2008. Guillermo Rivera Fúquene. Sindicalista y militante de la Unión Patriótica y el Polo Democrático Alternativo, detenido arbitrariamente, torturado y enterrado como N.N., en Bogotá.
 
2008. Falsos positivos de Soacha: 16 jóvenes de esa localidad fueron engañados por militares, ejecutados extrajudicialmente y presentados como guerrilleros muertos en combate, en Ocaña. 

* El informe retoma una periodización del investigador Carlos Miguel Ortiz.

 

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