LEY DE VÍCTIMAS: LO BUENO, LO MALO Y LO FEO

Publicado 18-02-2016

En tres años se dio voz a las víctimas y se reparó a 385.000, dice el gobierno, pero aún hay grandes desafíos, opinan las víctimas.

Por María Clara Calle.
Publicado en Semana.com, 11 de junio de 2014
Foto: Archivo Semana

 
El pasado miércoles 10 de junio se cumplieron tres años de la promulgación de una ley que, por primera vez en Colombia, reconoció que el conflicto armado ha dejado millones de víctimas, les abrió un espacio que nunca habían tenido y comenzó a repararlas. ¿Cuál es el balance? 
 
La Unidad de Víctimas, el organismo oficial a cargo de la implementación de la Ley 1448, dice que se cumplieron todas las metas trazadas para el cuatrenio del actual gobierno. Se anuncia que 385.000 víctimas recibieron reparación administrativa. De esas, casi 200.000 han tenido una reparación integral, que va desde lo económico hasta cobertura en salud y educación, y 50.000 han recibido atención psicosocial. Hasta 2014, se han destinado 19 billones de pesos para la ejecución de esta norma.
 
Más allá de las cifras, desde la directora de la Unidad, Paula Gaviria, hasta líderes que han vivido en carne propia el conflicto colombiano, concuerdan en que la ley abrió espacios hasta entonces vedados y dio un reconocimiento indispensable a los cientos de miles de colombianos comunes que han sido atropellados por la guerra y los grupos armados. 
 
Uno de los cambios fundamentales ha sido precisamente ese: reconocer las víctimas. A diferencia del gobierno anterior, que negó el conflicto armado y se rehusó a aceptar que las víctimas son titulares de derechos, hoy el Estado colombiano ha registrado a casi seis millones y medio de víctimas, 87 % de ellas desplazados por la violencia, y se ha embarcado en el proceso de darles una reparación administrativa, medidas de reparación simbólica y devolver a muchas de ellas las tierras que perdieron.
 
Miguel Blanco, desplazado que hace parte de la Mesa Departamental de Víctimas de Santander, explica que por fin tienen un piso jurídico que los protege y que “tarde que temprano reparará a todas las víctimas”.
 
Fidelina Sanabria, desplazada que vive en San Andrés y representante de mujeres y víctimas en el exterior en la Mesa Nacional, asegura que la ley hizo que ellos salieran a luchar sus propios espacios. 
 
Y Esther Polo, víctima que ha trabajado en atención psicosocial en Valle Encantado, Córdoba, agrega que esta ley amplió el panorama de quiénes son las víctimas al aceptar que hasta que no termine el conflicto seguirá habiendo afectados, distinto a lo que planteaba la Ley de Justicia y Paz.
 
Pero no todo ha sido color de rosa en estos tres años. 
 
Después de reconocer que las instituciones están un poco desarticuladas, María Emma Wills, investigadora del Centro de Memoria Histórica, afirma que lo que falta es tiempo para consolidar lo aprendido. “Con un Estado como el colombiano no puedes hacer milagros de un día para otro. Es un proceso y la expectativa es que dejen madurar lo que empezó hace tan solo tres años”, aclaró.
 
Decenas de instituciones, millones de víctimas
 
La articulación es uno de los grandes desafíos. La Unidad para las Víctimas debe coordinar a aproximadamente 50 instituciones, que no son las únicas que trabajan en el tema. Los ministerios y demás instituciones estatales también deben participar en pro de las víctimas para convertir la Ley 1448 en una política pública. Unos, como Wills, creen que falta mucho para trabajar conjuntamente y otros, como Paula Gaviria, dicen que la articulación sí se ha dado y que mejorará en los próximos años.
 
Por su parte, las víctimas viven una odisea o una panacea según el municipio donde vivan. Esto es porque la aplicación de la ley depende de qué tan de su parte estén las autoridades departamentales o locales. 
 
Miguel Blanco, de Sardinata, Santander, afirma que todo funciona a la perfección porque el alcalde su municipio está comprometido con la vivienda, la educación, los proyectos productivos y los temas concernientes a las víctimas. Fidelina Sanabria vive otra situación. 
 
Ella se desplazó de Magdalena a San Andrés, donde la mayoría de las víctimas proviene de otras partes de Colombia, según relata. Sanabria dice que aunque la ley ampara a los afectados del conflicto en temas como vivienda, salud y educación, ellos no pueden acceder a nada de ello por no ser raizales. “No nos toleran, nos vulneran los derechos, la gente no se quiere concientizar con la ley”, explica. 
 
Aunque San Andrés, por su ubicación y su régimen territorial, es una excepción, el hecho es que las autoridades locales son claves para el éxito o el fracaso de la Ley 1448 porque son ellas quienes fortalecen las Personerías, que son el primer contacto con los afectados; quienes ayudan a crear los espacios para que las mesas de víctimas funcionen; y, en últimas, son las que colaboran (o no) para que las víctimas tengan un estatus de dignidad y protagonismo.
 
Por eso, Gaviria acepta que la ejecución depende mucho de los gobiernos locales y reconoce que “algunos alcaldes no les paran bolas” a las víctimas o muchas veces no tienen los recursos suficientes. Según la directora de la Unidad para las Víctimas, las cosas cambiarán, pues dentro de poco saldrá un decreto en el que se defina la responsabilidad de la Nación y de los departamentos para apoyar a los municipios.
 
“Los perezosos o a los que no les gusta, verán que no están solos y que el tema vale la pena, que los apoyaremos con recursos”, sostiene Gaviria. 
 
Salud mental: el mayor de los retos
 
Quizá uno de los flancos más olvidados del conflicto han sido los padecimientos psicológicos de las víctimas. En décadas de guerra no hay ningún estudio serio en el país que dé cuenta del daño mental ocasionado por los grupos armados.
 
Esa, según varios de los entrevistados, ha sido una de las debilidades de la Ley 1448. En 2012, se comenzó a indemnizar a las víctimas sin que hubiera un proceso integral. Ahora, casi dos años después, la Unidad para las Víctimas está buscando a esas mismas personas para ofrecerles una atención psicosocial.
 
El Ministerio de Salud es el responsable. Debe coordinar a las EPS para que atiendan a las víctimas entendiendo que sus afectaciones sicológicas son un flagelo de la guerra que requieren un trato diferente. 
 
“Antes es un logro que tengamos la cifra tan importante de 50.000 personas atendidas en lo psicosocial porque lo hemos hecho con las uñas”, afirmó Gaviria. 
 
A esto se une la falta de articulación pues, según Esther Polo, víctima que ha trabajado en la atención psicosocial, no siempre se activa la ruta de atención especializada cuando una persona afectada por el conflicto llega a los centros de salud.
 
Otras de las críticas es que en ocasiones las ayudas humanitarias tardan más de lo debido. En algunos casos, es porque los municipios realmente no tenían el dinero para atender a las víctimas de manera inmediata aunque es su deber legal; en otros es porque la magnitud del problema superó lo que el mismo gobierno esperaba. 
 
Uno de los ejes de la ley es la política de restitución de tierras. Se le ha criticado su lentitud, pero el gobierno reivindica que, en estos tres años, ha presentado ante los jueces más de 4.000 casos de víctimas de despojo y abandono forzado, que han arrojado 1.158 sentencias por casi 29.000 hectáreas. 
 
El proceso ha empezado y está avanzando, pese a las dificultades de seguridad que plantea el hecho de que el conflicto no ha terminado y a problemas de muy difícil manejo como la presencia de minas antipersonales en el territorio. Esto es lo que han dicho funcionarios como Ricardo Sabogal, director de la Unidad.
 
Más de 50 años de conflicto han dejado millones de víctimas de toda clase de delitos a los que no es nada fácil reparar y menos en un tiempo record. Pero esa es la meta del gobierno, adicional a una manera integral de reparación que vaya más allá del dinero. 
 
Si bien es histórico lo que se está haciendo todavía son muchos los campos en los que la ley es incipiente y las víctimas sienten que entre el papel y la realidad aún es mucho lo que falta por hacer.
 

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