SOLO 214 REPARACIONES CON PLATA DE EXPARAS

Publicado 18-02-2016

8 de cada 10 bienes entregados por victimarios tienen líos que los hacen inviables para indemnizar.

Publicado en El Tiempo, 25 de junio de 2014
Foto: Archivo Semana


A pesar de que la reparación de las víctimas y la entrega de las fortunas ilegales eran condiciones ineludibles para recibir los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, solamente 214 personas afectadas por los crímenes de los paramilitares han recibido indemnización con plata o bienes entregados por los desmovilizados de esos grupos.

Si bien en 12 sentencias de Justicia y Paz se reconoce a 2.433 víctimas de las Auc, las otras tuvieron que ser reparadas con dinero del Estado, porque nueve años después de la aprobación de la ley que les dio piso jurídico a las negociaciones con los ‘paras’ sus bienes, o no aparecen, o simplemente no sirven para indemnizar.

En total se ha ordenado el pago de 47.000 millones de pesos en Justicia y Paz. La única sentencia en la que se han podido usar los dineros entregados por los desmovilizados es una contra el bloque ‘Vencedores de Arauca’. En ese caso, los exparamilitares José Rubén Peña Tobón, alias ‘Lucho’, Wílmer Morelo Castro, alias ‘Boque’, y José Manuel Hernández Calderas, alias ‘Platino’, entregaron 3.593 millones de pesos. Ese dinero corresponde solo a un poco más de la mitad del total que ordenó el juez para las víctimas.
 
La mayoría de los bienes entregados por los ex-Auc tiene tal cantidad de líos legales y tributarios que el costo de sanearlos es mayor que su propio valor comercial. Según el Fondo de Reparación de Víctimas, esa es la situación actual de 8 de cada 10 de esas propiedades.

De 454 inmuebles entregados por los postulados a Justicia y Paz (316 rurales y 138 urbanos) y que ya están en manos del Fondo (hay otros en trámite de ocupación en la Fiscalía), al menos la mitad no ha podido ser saneada. Apartamentos, casas y fincas están valorados en 116.000 millones de pesos, una cifra irrisoria teniendo en cuenta que la reparación administrativa a los 6,5 millones de víctimas registradas oficialmente le costará a la Nación al menos 55 billones de pesos.

La reparación administrativa es la que el Estado reconoce sin necesidad de una sentencia y fue puesta en marcha en el gobierno de Álvaro Uribe. En la administración de Juan Manuel Santos, se han entregado 2,2 billones a 385.000 víctimas por esta modalidad.

Terceros, en el lío

Muchas de las fincas que los ‘exparas’ ofrecieron al Fondo para la Reparación de Víctimas están ocupadas por terceros. Por ejemplo, en una finca que Salvatore Mancuso entregó en Tierralta (Córdoba) permanecen desde hace 7 años más de 500 desmovilizados del bloque ‘Catatumbo’ y sus familias.

En Simití, sur de Bolívar, unas 40 personas mantienen ocupadas, desde hace 2 años, 300 hectáreas de la finca El Cairo, cultivadas con palma de aceite y entregadas por el bloque ‘Central Bolívar’.

El incumplimiento de los desmovilizados con la reparación es tal que la Fiscalía tuvo que crear una unidad para perseguir los bienes escondidos. Si alguno de los ‘exparas’ es sorprendido haciendo trampa perderá la pena alternativa.

Aunque han hallado propiedades como las que tenía la compañera de Carlos Castaño a su nombre, y que fueron ocupados por la Fiscalía, nada se ha podido hacer, por ejemplo, con las millonarias fortunas que tenía la mayoría de los excapos de las Auc en el exterior.

“En Justicia y Paz ha habido más verdad que reparación –dice Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas–. La reparación la ha asumido principalmente el Estado, pero la Fiscalía está reforzando la persecución de los bienes no entregados”.

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