LA GUERRA NO PUEDE SER CONTRA LOS CIVILES

Publicado 18-02-2016

La muerte de Yurani, la niña de dos años víctima de un ataque con un tatuco de las Farc, ha despertado manifestaciones de repudio contra el terrorismo en todo el país. Las negociaciones de paz deben continuar, pero mientras se adelantan no puede resultar afectada la población civil, es el clamor general. 

2 de agosto de 2014
Foto: El País de Cali


Recientemente, el experto internacional Francisco Diez recomendó a los periodistas que participaron del hangout de Reconciliación Colombia y Plataforma de Periodismo  hacerse la pregunta de qué bueno puede rescatarse de una situación de horror para proponerle algo distinto al lector, al televidente, al oyente, al cibernauta. Algo que construya y no que destruya. Es decir, que no alimente las cadenas de odio y deseos de venganza.

La muerte de Yurani, la niña de dos años que dormía en la humilde casa campesina de Miranda, Cauca, cuando fue alcanzada por un tatuco disparado por las Farc, es evidentemente de esas situaciones de horror que en Colombia se presentan por el absoluto irrespeto a las normas humanitarias. Y aunque parecería que no hay una salida que pueda construirse sobre esta base, el gran rechazo y movilización que ha generado la muerte de esta pequeña muestra que a los colombianos sí nos duele lo que pasa, así sea muy lejos de las ciudades.

Por eso, resultó diciente la marcha que en esta población afligida desde siempre por el conflicto, su alcaldesa Claudia Oyola promoviera como autoridad local una movilización para decirle al mundo que, simplemente, esto no se hace.

“Estamos muy desanimados porque con los diálogos de paz pensábamos que íbamos a tener tranquilidad (...) Somos más los que queremos la paz y tenemos que luchar por ese mismo propósito”, le dijo la alcaldesa a Blu Radio, en declaraciones que fueron retomadas por el diario El Espectador.

Y es cierto. En las conclusiones del encuentro con su homólogo Nicolás Maduro, este viernes, el presidente Juan Manuel Santos dijo que la mayoría de los colombianos quieren la paz y que espera que todos en La Habana entiendan eso. Pero, sin duda, los últimos hechos de violencia promovidos por las Farc generan un creciente escepticismo.

Por eso, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) apoyó “los llamados de la sociedad colombiana que demanda gestos inmediatos y concretos de buena voluntad de parte de los actores armados, así como la terminación de la violencia”, en comunicado que emitió este viernes.

La organización internacional no solo condenó la muerte de Yurani Yanqui Muse, la pequeña de apenas dos años de edad que murió como consecuencia del impacto de la bomba casera en la población de Miranda, sino los desabastecimientos de agua y electricidad sufridos en las poblaciones de Granada-Meta, Puerto Gaitán-Meta y Buenaventura-Valle; los atentados cometidos contra infraestructuras del eje vial y de transporte, como los sucedidos en Ocaña, Norte de Santander, y la grave situación de Putumayo, donde además de los numerosos daños ambientales que el vertimiento de crudo genera, se han presentado atentados contra líderes comunitarios.

Al respecto, dice la MAPP-OEA: “La Misión expresa su preocupación por este escalamiento del conflicto en medio de unos diálogos de paz en los que la sociedad nacional y la comunidad internacional han puesto sus esperanzas, en tanto oportunidad privilegiada por acabar con décadas de sufrimiento y dolor”.

Por eso exigió dejar a los ciudadanos fuera de las estrategias y las acciones de combate y violencia, “puesto que estos hechos son inadmisibles y una flagrante violación al derecho internacional humanitario”.

El martes, en un discurso desde Palmira, Valle del Cauca, el primer mandatario calificó como “demenciales” los ataques y les advirtió a las Farc: “Se están cavando su propia fosa política (...) están jugando con candela y este proceso puede terminar porque no puede seguir indefinidamente esta situación”.

Reconciliación Colombia también recogió las declaraciones de monseñor Luis Augusto Castro, en el sentido de que a las víctimas hay que dejarlas por fuera del conflicto. Y la mesa en La Habana debe prepararse para responderles “con precisión” la verdad que las víctimas quieren saber. Al tiempo que el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, exhortó a las partes para que sepan manejar esta situación crítica y el proceso salga fortalecido.  

 

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