LA VOZ DE LOS MILITARES EN EL PROCESO DE PAZ

Publicado 18-02-2016

El jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, aseguró que “tomar decisiones sin oír la voz de los militares, sería un error”.

Octubre 24 de 2014
Foto: Archivo Semana

 
Sus declaraciones se dieron a conocer el mismo día que el Consejo de Estado reconoció que los militares pueden tener condición de víctimas y ser indemnizados por esta condición.
 
De la Calle defendió la importancia de tener uniformados en la subcomisión técnica que apoyará el punto del fin del conflicto y aseguró que esta es la mejor manera de honrar a las Fuerzas Armadas.
 
“Es la voz de nuestros militares la que tenemos que oír para saber cuáles son los pasos adecuados que debemos dar. La presencia de militares activos es un homenaje, una manifestación de respeto a nuestras Fuerzas. Ahí no hay una especie de traición, como lo han creído algunos. Es al revés: tomar decisiones sin oír la voz de los militares, sería un error”, señaló De la Calle.
 
Trascendental fallo del Consejo de Estado
 
La Sección Tercera del alto tribunal sentenció que a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, por el hecho de estar prestando su servicio militar obligatorio ninguna persona deja de ser sujeto de derechos, por lo que es deber del Estado protegerlo.
 
 “Cualquier sujeto de derecho puede ser considerado una potencial víctima –a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y derecho gentes– siempre que se concreten en él o sus familiares una conducta activa u omisiva constitutiva de una grave violación de Derechos Humanos o de Derecho Internacional Humanitario”, dijo la corporación.
 
El fallo hizo referencia al caso concreto de la toma guerrillera en Patascoy, Nariño, en donde, según determinó, existieron fallas que hacen responsable a la Nación.

La Sala explicó que existían indicadores y testimonios de pobladores de la zona que permitían sospechar del posible ataque. Sin embargo, no se adoptaron las medidas necesarias para prevenirlo y tampoco se trasladó personal capacitado, pues algunos de los jóvenes que se encontraban en la base eran soldados incorporados al servicio militar obligatorio con no más de seis meses de experiencia.

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