ADVERTENCIAS DE LA CPI A COLOMBIA

Publicado 18-02-2016

La entidad dice que un eventual acuerdo de paz debe ser compatible con el Estatuto de Roma y recuerda que los procesos judiciales que no cumplan está condición pueden pasar a su competencia.

2 de diciembre de 2014

La Corte Penal Internacional (CPI), el organismo responsable de perseguir a los más grandes violadores a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en el mundo, está observando atentamente el proceso de paz que adelantan el Gobierno colombiano y las Farc en La Habana (Cuba).

Eso se desprende de un informe en el que resumen las actividades adelantadas en 2014 por la oficina de la fiscal de la CPI Fatou Bensouda, quien tiene que examinar jurídicamente las situaciones que presentan en varios países miembros de la corte para determinar si se justifica la intervención de ese organismo en procesos judiciales internos.

En el informe, que fue publicado hoy en la página web de ese organismo,  la fiscal hace una serie de anotaciones sobre el caso colombiano y habla, entre otras cosas, del Marco Jurídico para la Paz y de los eventuales acuerdos que surjan al final del proceso.

“La oficina (de la fiscal) continuará trabajando (…) en un esfuerzo para asegurar que cualquier acuerdo de paz, así como la legislación que regule el Marco Jurídico para la Paz,  sea compatible con lo acordado en el Estatuto de Roma”, dice el informe.

Además, la fiscal les hace duras advertencias a las autoridades colombianas acerca del eventual juzgamiento de los responsables de crímenes graves después de un acuerdo de paz: “una sentencia que sea manifiestamente inadecuada, a la luz de la gravedad de los crímenes cometidos y la participación en ellos del acusado, viciaría la autenticidad de un procedimiento interno, incluso si las etapas previas fueron consideradas genuinas”

Lo importante de esa aclaración es que cuando un proceso interno es considerado ‘no autentico’ o ‘no genuino’, la CPI puede reclamar competencia en el caso y juzgarlo a pesar de que la justicia interna ya lo haya hecho.

En otras palabras, la advertencia de la fiscal Bensouda implica que los casos en los que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad no sean juzgados ‘adecuadamente’ con respecto al Estatuto de Roma, pasarían a la competencia de ese organismo internacional. 

¿Qué tanta justicia sacrificar?

Las advertencias de la CPI tienen especial relevancia ahora que en el país se está empezando a discutir que delitos pueden quedar arropados por una eventual amnistía o una rebaja de penas.

De hecho, el Gobierno ya ha empezado a poner un debate en la opinión pública: ¿cuáles delitos pueden ser conexos al delito político y recibir los eventuales beneficios? El Presidente, incluso, dijo hoy en RCN Radio que esa discusión tacaba darla con un delito como el narcotráfico.

El debate es relevante, porque de acuerdo a los compromisos internacionales de Colombia –que incluyen el Estatuto de Roma y la CPI–, hay crímenes de lesa humanidad que no pueden ser amparados por amnistías y cuyos máximos responsables tienen que ser juzgados.

Ese es el punto que el Procurador Alejandro Ordoñez y el ahora senador Álvaro Uribe defienden en foros y declaraciones públicas cuando hablan de impunidad. De hecho, Ordoñez ha repetido insistentemente en las últimas semanas que para que un eventual acuerdo de paz se pueda cumplir, es necesario que este quede blindado ante la justicia internacional.

El tema de fondo radica en qué significa para la CPI un juzgamiento adecuado frente al Estatuto de Roma y si penas que, por ejemplo, no requieran cárcel (como lo ha propuesto el Fiscal General de la Nación) pueden considerarse suficientes.

De hecho, la fiscal Bensouda ya había enviado un concepto a la Corte Constitucional, cuando esta se aprestaba a estudiar el Marco Jurídico para la Paz, en el que había dicho “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo (...) atendiendo las metas del estatuto de Roma, la suspensión de penas iría contra la finalidad y el propósito debido a que impediría en la práctica el castigo de quienes han cometido los crímenes más graves”.

Lo cierto es que las advertencias dejan claro que la Corte Penal Internacional está pendiente del caso colombiano y que tiene ambos ojos puestos en un eventual acuerdo de paz y, sobre todo, en el juzgamiento de los máximos responsables de delitos contra los derechos humanos y el DIH.

Otros temas importantes del informe

Por otro lado, en el informe queda claro que la CPI también está pendiente de la reforma al fuero militar que cursa actualmente en el Congreso, y que busca definir qué delitos pasan a la justicia ordinaria y cuales a la justicia penal militar. Especialmente en lo que tiene que ver con los falsos positivos, como se conoce en Colombia a las ejecuciones extrajudiciales de civiles que algunos miembros del Ejército hicieron pasar por guerrilleros.

“Tomamos nota de las preocupaciones expresadas por la sociedad civil y las ONG internacionales, acerca de las implicaciones que la reforma propuesta puede tener en la independencia e imparcialidad en la investigación y juzgamiento de algunos crímenes”, dice el documento.

En el informe también hay un jalón de orejas a las autoridades colombianas por la lentitud de los casos en contra de los responsables de crímenes sexuales en el marco del conflicto armado, pues afirman que de 183 casos que la Corte Constitucional ordeno priorizar sólo hay cinco condenas y una absolución. 

En otro aparte, Bensouda afirma que la CPI le está haciendo seguimiento a lo que arrojan las audiencias de Justicia y Paz, y que también está pendiente de ver los resultados de las investigaciones acerca de la relación de políticos, militares y empresarios con grupos paramilitares.
 

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