FARC PROPONEN ACTO PÚBLICO DE CONTRICIÓN POR ‘PECADOS’ COMETIDOS

Publicado 18-02-2016

Editorialistas como María Jimena Duzán habían dicho que si esta guerrilla no asume la responsabilidad que les cabe de cara al conflicto y les dan la cara a las víctimas, el proceso seguiría languideciendo hasta morirse.

18 de junio de 2015

En un lenguaje que les es poco usual por el tono moderado y poco beligerante, la guerrilla de las Farc expidió este jueves una comunicación desde La Habana en la que hace propuestas concretas frente a los derechos de las víctimas, aunque por ninguna parte menciona su ‘sometimiento’ a la Justicia Transicional.

En el comunicado de diez puntos se adelantan a plantear lo que a juicio de esta organización puede resultar en un acuerdo con su contraparte y como conclusión del ciclo número 38 de los diálogos, ronda que inició este miércoles. Señalan que la reconciliación será fruto de estas y otras reformas estructurales que tienen que ver no solo con los derechos de las víctimas, sino con la superación de “las características de injusticia del orden social existente”.

Editorialistas como María Jimena Duzán, de la revista Semana, medio aliado de Reconciliación Colombia, habían dicho que si esta guerrilla no asume la responsabilidad que les cabe de cara al conflicto y les dan la cara a las víctimas, el proceso seguiría languideciendo hasta morirse.

Las Farc reconocen la Ley de Víctimas como marco institucional para avanzar en el reconocimiento de este sector de población, aunque proponen reformas que permitan considerarlos como sujetos políticos y víctimas colectivas, por lo que se necesitaría un nuevo modelo de registro para lograr este propósito. También proponen que la reparación integral a las víctimas incluya la financiación de iniciativas territoriales, lo que –argumentan- implicaría un fondo por diez años para administrar los recursos obtenidos de un esfuerzo fiscal extraordinario del 3 por ciento  del PIB. Insisten en la erradicación de todas las formas de paramilitarismo, la necesidad de que la Comisión de la Verdad rinda frutos sobre los disensos que no pudo superar la comisión histórica para esclarecer qué pasó en Colombia y que en febrero pasado rindió su informe. Y un nuevo enfoque para el ejercicio de la autoridad por parte de la Fuerza Pública.                

Por su importancia para el proceso, para las víctimas y porque de alguna forma las Farc comienzan ya a aceptar su responsabilidad en hechos que causaron víctimas, el portal Reconciliación Colombia reproduce textualmente la declaración de esta guerrilla, en negociaciones de paz con el Gobierno:

“Por un acuerdo sobre derechos integrales de las víctimas para la paz y la reconciliación nacional:

Con esta iniciativa, aspiramos a sacar adelante un nuevo borrador conjunto de Acuerdo, que permita mostrar de manera práctica, al cierre del Ciclo 38, que efectivamente entre“resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo”.

Del principio 1, Reconocimiento de las víctimas: Se proponen reformas a la Ley 1448 de 2011, llamada de Víctimas y Restitución de Tierras para ampliar la cobertura de tiempo y el espectro de las responsabilidades. Se insiste en otorgar el reconocimiento de las víctimas como sujetos políticos y reconocimiento especial a las víctimas colectivas, lo cual implica la construcción de un nuevo modelo de Registro Plural y Unificado de Víctimas, que incluya a colectivos victimizados y a víctimas de crímenes de Estado.

Del principio 2, Reconocimiento de responsabilidad: Se aboga por la realización de un Acto colectivo de contrición política de reconocimiento de las responsabilidades, asumiendo cada parte lo que le corresponde, como expresión de voluntad de contribuir a un definitivo Nunca Más.

Del principio 3, Satisfacción de los derechos de las víctimas: Se habla de acordar un apartado referido a la Reparación integral de las víctimas del conflicto, incluyendo la financiación de las iniciativas. Para ello se conformaría el “Fondo Especial para la Reparación Integral” (FERI). Dentro de la misma perspectiva se propone diseñar un “Plan Nacional para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto”. Esto implicará un esfuerzo fiscal extraordinario, equivalente al menos al tres por ciento (3%) del Producto Interno Bruto anual, para la conformación del “Fondo” con vigencia de 10 años.
Se propone la formulación e implementación del “Plan Nacional para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto” con sustento constitucional, también para un período inicial de diez (10) años.

Principio 4, La participación de las víctimas: Se indica brindar participación directa de las víctimas del conflicto y sus organizaciones en la definición de políticas para la garantía efectiva de sus derechos.

Del principio 5, El esclarecimiento de la verdad: Dentro de este principio reiteramos la necesidad de adelantar el estudio de los informes de la “Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas”, acordar con celeridad los elementos de disenso que aún persisten en la Comisión para Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y cerrar el “sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición”, sin dejar de lado nuestra insistencia en que se abran los archivos, entre otros asuntos de importancia.

Del principio 6, Reparación de las víctimas: Consideramos que la reparación integral es parte esencial de la satisfacción de los derechos de las víctimas, y por ello debe ser un compromiso de inmediata ejecución la formulación y puesta en marcha del “Plan Nacional para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto”.

Del principio 7, Garantías de protección y seguridad: Se prioriza proceder con el desmonte efectivo del poder y las estructuras paramilitares en todas sus formas y modalidades. Para tal efecto, se conformará una “Comisión de esclarecimiento del paramilitarismo”, y para atender a sus recomendaciones, se creará una “Comisión de erradicación del paramilitarismo”.

Del principio 8, Garantías de no repetición: El planteamiento de fondo estaría en el compromiso de adoptar nuevas doctrinas, teorías, mandatos y funciones para la fuerza pública, derogando expresamente cualquier referencia inspirada en la Doctrina de la Seguridad Nacional y el enemigo interno. Esto se complementaría con la revocatoria de todo pacto de cooperación o asesoría militar con gobiernos o instituciones extranjeras que impliquen perjuicio a la soberanía nacional.

Del principio 9, Reconciliación: Aquí, específicamente, se trata de establecer que es el inicio de las reformas estructurales para la superación de la desigualdad y la miseria lo que brindará base para la no repetición y la reconciliación nacional, en la medida en que coadyuven a la superación de las características de injusticia del orden social existente.

Del principio 10, Enfoque de derechos: Incluimos, finalmente, la posición de sancionar por vía expedita la vulneración de los derechos humanos, territoriales y ambientales que cometan tanto entes estatales como actores empresariales privados. Agregamos que, atendiendo los principios de universalidad, igualdad y progresividad y para efectos de resarcimiento, se deben tener en cuentan las vulneraciones que en razón del conflicto hubieran tenido los derechos económicos, sociales y culturales.        

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP”.

 

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