Reconciliación Colombia

Álvaro Gómez y los retos de la verdad: Artículo de Sergio Guarín para La Silla Vacía

Un enorme desafío está sobre la mesa: el de precisar la “verdad” del suceso y el de construir, a través de ella, verdaderos escenarios de reconciliación.

Apenas se conoció la decisión de las desmovilizadas Farc-EP de asumir la responsabilidad por el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, se agudizó el debate sobre la verdad y sobre su papel en la reconciliación. 

Tanto la familia del líder asesinado como varias figuras de la derecha colombiana rechazaron de manera tajante e inmediata este reconocimiento, y lo catalogaron como una afrenta contra la verdad con intenciones claras de impunidad. 

A su juicio, se trata de una coartada perfecta para proteger a los supuestos verdaderos responsables, dentro de los cuales están nada menos que un ex presidente y su ministro de gobierno, quienes, además, han apoyado de manera visible el actual proceso de paz.  

Por eso, el caso de Gómez Hurtado se constituye en una prueba de fuego para el Sistema Integral puesto en marcha por nuestra Justicia Transicional. 

La fortaleza argumentativa y probatoria de las decisiones que se tomen, pero, sobre todo, el criterio y cuidado que se tenga a lo largo del proceso, serán, o una oportunidad para que la JEP y la Comisión de la Verdad avancen en su legitimidad, o un motivo para erosionar su credibilidad frente a un importante sector de la sociedad colombiana.

Un enorme desafío está sobre la mesa: el de precisar la “verdad” del suceso y el de construir, a través de ella, verdaderos escenarios de reconciliación.

La JEP será responsable de la llamada “verdad judicial”, es decir, de la determinación de las responsabilidades frente al delito y de las sanciones correspondientes. 

En el caso de los asesinatos, las preguntas judiciales giran en torno a “cómo” se dieron los hechos y “quiénes” estuvieron involucrados. Y en esos “quiénes” es fundamental no solo develar a los perpetradores directos de las acciones, sino, principalmente, a los determinadores y a los autores intelectuales. 

Aunque en desarrollo de las investigaciones se establezcan los “móviles” y las circunstancias, las cuales inciden principalmente en el tipo y la intensidad de las penas, el objetivo de la justicia es hacer cumplir la máxima del “que la hace la paga”. Y ese es el tipo de verdad que emana de estos procesos.

Al asumir la responsabilidad por el crimen de Álvaro Gómez, las Farc tienen el reto de demostrar su participación, no solo mediante declaraciones y relatos, sino, principalmente, mediante pruebas y respuestas.

En ese sentido, el comentario de Rodrigo Londoñoen entrevista con El Tiempo, cuando afirma que han tomado la decisión de reconocer esa responsabilidad luego de “un proceso de reconstrucción de nuestra historia” luce, cuando menos, arriesgado. 

El reto procesal no es de poca monta. Por un lado, las Farc deberán brindar pruebas que reencaucen el acervo probatorio recopilado hasta el momento por los organismos judiciales y de inteligencia, el cual parecía haber desestimado la hipótesis de la responsabilidad de las Farc-EP en el hecho. 

Y, por otro, están obligadas a superar el discurso elusivo de la responsabilidad compartida y del “empaquetamiento” del asesinato de Gómez Hurtado en el de la conducta general de eliminar a sus opositores políticos. 

Ello se vuelve imprescindible teniendo en cuenta que el delito ha sido declarado como de lesa humanidad y que no hace parte de los macroprocesos ya priorizados por la JEP, que funcionan con la lógica de las sentencias en bloque. 

A su turno, la JEP deberá demostrarle al país que la verdad judicial que emane de sus decisiones no será la repetición por vía de sentencias de las versiones de las Farc, sino el resultado de un proceso riguroso de contrastación, valoración probatoria, sustentación e identificación de responsabilidades. 

En ese desafío será de vital importancia el tratamiento que se dé a los comparecimientos de los posibles vinculados al proceso, como podrían ser la senadora Piedad Córdoba o el propio expresidente Samper.

Eso sin contar con la importancia que tiene el modo en que se tramite el previsible choque que se avecina por la competencia del caso entre este tribunal de cierre del conflicto y la Fiscalía General de la Nación. 

Pero en el ámbito de la transicionalidad, se reconoce que la verdad judicial no es suficiente para construir la paz y lograr la reconciliación. De distintos modos se ha insistido en que ésta no satisface a plenitud los derechos de las víctimas y no permite una reparación integral, pues se concentra en hechos concretos y en las responsabilidades específicas, todas dentro del marco de la lógica adversarial y de las reglas del proceso judicial.

Por ello, y pese a sus limitaciones, los procesos de paz se han complementado con mecanismos de la llamada “verdad extrajudicial”, que, en nuestro caso, es el rol que desempeña la Comisión de la Verdad. 

Estos mecanismos, a diferencia de los judiciales, no se concentran en los “cómos” y en los “quiénes”, sino en los “por qués”. Es decir, en la comprensión de los fenómenos. En desentrañar la interacción de los factores que los hicieron posibles. Se trata de una ambición interpretativa que subraya el carácter hermenéutico de la verdad. Es la historia río arriba.

Por eso, sus actuaciones se llevan a cabo mediante métodos más cercanos a los de la investigación social y al análisis de contexto. Y sus lenguajes son las narrativas, los relatos densos, las lógicas, los patrones y las dinámicas. Todo lo que explica por qué los hechos más graves del conflicto ocurrieron como ocurrieron.

La fortaleza de estos mecanismos extrajudiciales está en la polifonía de la que se nutren y, sobre todo, en el interés por la versión de las víctimas, quienes, por regla general, son ignorados en los procesos judiciales de naturaleza tradicional.

Y este es el desafío que tendrá en adelante la Comisión de la Verdad, el cual comienza en este caso por ser el oído privilegiado de la familia de Álvaro Gómez, de sus copartidarios y de los líderes de la derecha que se han sentido ofendidos por la decisión de las Farc. Todos ellos víctimas directas de un horrendo crimen que aún enluta al país.

Dar un contexto explicativo y contrastado al relato de los comandantes de las Farc, entender las motivaciones y los intereses más allá de lo dicho en sus propias versiones, saber complementar y sopesar, conectar el magnicidio con los sucesos más claves del momento son los elementos constitutivos de esta verdad extrajudicial. 

En ella no podrán estar ausentes la crisis institucional de la presidencia, las tensiones generadas por el escándalo del ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña, las versiones cruzadas que incriminan a paramilitares del norte del Valle y a miembros del establecimiento de Gobierno, así como la pregunta de bulto: ¿por qué en ese momento?

Dice Mauricio Gómez que le entregó al padre de Roux un ejemplar del libro de Santiago Medina en el que se incrimina directamente al expresidente Samper por el escándalo del proceso 8.000 y en que le preguntó, a propósito de ello, lo que pasaría si se utilizaba los escenarios de la Comisión para afirmar falsedades, para lavar responsabilidades. 

Contestar con sabiduría esa pregunta simboliza el desafío de la justicia en el marco de nuestra transicionalidad. 

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